TS cambia la calificación de asesinato a homicidio

El Supremo cambia la calificación del delito de asesinato -por el que fue condenada la procesada- por el de homicidio, al darse las circunstancias para ello

Ha lugar parcialmente al recurso deducido por la procesada contra la sentencia que le condenó como autora de los delitos de falsificación de documento público, estafa y asesinato.

La estimación se refiere a cambiar la calificación de asesinato a homicidio, ya que el Supremo razona que en los hechos probados se afirma que la acusada "privó del sentido a la víctima con una sustancia que no ha podido ser determinada", lo cual significa que no puede darse por sentado que la víctima estuviese privada del sentido e indefensa cuando la procesada le dio muerte, por lo que tal acto ha de considerarse como un delito de homicidio y no de asesinato.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia 444/2013, de 16 de mayo de 2013

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia de 19 de Marzo de 2012 de la Sección II de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Aurelia como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa a la pena de cuatro años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de doce euros.

Asimismo le condenó como autora de un delito de asesinato a la pena de dieciocho años de prisión, todo ello con el resto de los pronunciamientos incluidos en el fallo.

Los hechos, en síntesis, se refieren a que la condenada y recurrente, Aurelia, conocía en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa Prometex Internacional S.A. a la trabajadora María Rosario, y utilizando el pasaporte y el DNI de la indicada suscribió diversas pólizas de crédito y contratos de seguro de vida en los términos descritos en el factum simulando la firma de María Rosario. En los contratos de seguros aparecía como asegurada María Rosario y como beneficiarios los propios bancos por importe de las cuotas que pudieran resultar impagadas, y como otros beneficiarios, en caso de fallecimiento, Consuelo que estaba ajena a todas estas operaciones. Asimismo Aurelia disponía también del DNI de Consuelo.

Como domicilio para recibir el correo que se produjese como consecuencia de los contratos indicados, dio la dirección de un matrimonio ajeno también a todas estas maquinaciones.

En el factum se señalan los seis contratos de préstamo percibidos por Aurelia, así como los diez seguros de vida suscritos, todo ello en el periodo existente entre el 12 de Abril de 2006 --primer préstamo personal-- y el 29 de Noviembre de 2007 --último contrato de seguro de vida--.

Con la finalidad de hacer efectivo el ánimo de lucro que inspiró a la recurrente la suscripción de los contratos en los términos expresados, decidió matar a María Rosario. A tal fin, en el mes de Febrero de 2008 acudió a un establecimiento de prostitución masculina con el fin de proveerse de semen donde contrató los servicios de los dos jóvenes indicados en el factum de los que requirió que eyacularan en unos recipientes de plástico que ella llevaba, lo que así hicieron.

Seguidamente, simulando ser María Rosario, la recurrente María Rosario alquiló un apartamento en la c/ DIRECCION003 de Barcelona para los días del 18 al 21 de Febrero de 2008, concertando la reserva el día 14 de Febrero y formalizando el contrato el día 18 en el que firmó el contrato a nombre de María Rosario, efectuando el pago con una tarjeta de crédito a nombre de la misma María Rosario, recibiendo las llaves del apartamento del encargado.

El día siguiente, 19 de Febrero, sobre las 9'52 horas de la mañana de la forma prevista en el factum efectúa un reintegro por importe de 600 euros de una c/c auténtica de María Rosario, exhibiendo Aurelia ante la empleada el DNI de aquélla, operación que quedó grabada en la cámara de seguridad.

Seguidamente y con la finalidad de proporcionarse una coartada marchó a Zaragoza en uno de los vehículos de su propiedad, pagando la autopista por el sistema de telepeaje y una vez allí se dirigió a una empresa de pompas fúnebres con el fin de recoger las cenizas de su madre, fallecida el 22 de Enero de 2007. Por la tarde volvió a Barcelona pagando en efectivo el peaje para que no quedase constancia de su regreso.

Ya en Barcelona, se dirigió al apartamento que había alquilado y donde, previamente, ya había quedado con María Rosario para la tarde-noche de ese día 19 de Febrero para cenar.

Tras cenar las dos, y con el fin de impedir cualquier acción defensiva por María Rosario la adormeció, privándola de sentido y con alguna substancia o producto desconocido y seguidamente le colocó un plástico en la cabeza cerrándolo alrededor del cuello con cinta aislante provocándole la muerte por asfixia.

Con el fin de simular una muerte con connotaciones sexuales, tras desnudar a María Rosario procedió a impregnar las zonas vaginal, bucal y genital con el esperma de ambos hombres.

El 21 de Febrero, sobre las 13'40 horas, la señora de la limpieza halló el cadáver encontrándose la víctima desnuda sobre un sillón, no apreciándose signos de violencia, ni su ropa, ni efectos personales a excepción de unas botas y una peluca de color negro con restos de perfil genético de la propia Aurelia.

El día 12 de Marzo de 2008 se practicó un registro en el domicilio de Aurelia encontrándose, entre otros efectos, una botella de cloroformo cerrada y precintada, una póliza de seguro a nombre de Aurelia, apareciendo como beneficiaria Consuelo y la guía telefónica Movistar correspondiente al teléfono NUM036, siendo precisamente a través de este teléfono que se había concertado el alquiler del apartamento de la c/ DIRECCION003.

Asimismo, y por parte del compañero sentimental de Aurelia se entregó a la policía documentos que ella tenía escondidos tras la cisterna del lavabo.

Dicha documentación, recogida con detalle en el factum se refería a diversos contratos de préstamo y seguros que habían sido contratados por Aurelia haciéndose pasar por María Rosario, así como la tarjeta Visa a nombre de María Rosario y con la que se pagó el alquiler del apartamento de la c/ DIRECCION003 y los documentos de identidad originales y pasaporte de María Rosario y el DNI de Consuelo.

Se han formalizado cuatro recursos por parte de la condenada a cuyo estudio pasamos seguidamente.

Segundo.- El primer motivo, por la vía de la vulneración de derechos constitucionales, denuncia violación del derecho a la presunción de inocencia, en relación al delito de asesinato.

Antes de dar respuesta a esta cuestión, resulta conveniente recordar la doctrina de esta Sala en relación al ámbito del control casacional cuando se efectúa una denuncia de este tipo. Esta Sala debe efectuar una triple verificación:

a) En primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, estimando por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que, además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometido al cedazo de la contradicción, inmediación e igualdad que definen la actividad del Plenario.

b) En segundo lugar, se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia", es decir si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene la virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y

c) En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir si el Tribunal cumplió por el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora, no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado es no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión intra processum, porque es una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, sino también, extra processum, ya que la motivación fáctica actúa comomecanismo de aceptación social de la actividad judicial.

En definitiva, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, -- SSTC 68/98, 85/99, 117/2000, 4 de Junio de 2001 ó 28 de Enero de 1002, ó de esta Sala 1171/2001, 6/2003, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1065/2009, 1333/2009, 104/2010, 259/2010 de 18 de Marzo, 557/2010 de 8 de Junio, 854/2010 de 29 de Septiembre, 1071/2010 de 3 de Noviembre, 365/2011 de 20 de Abril, 1105/2011 de 27 de Octubre, 1039/2012 de 20 de Diciembre ó 33/2013 de 24 de Enero entre otras--.

No es misión ni cometido de la casación ni decidir ni elegir, sino controlar el razonamiento con el que otro Tribunal justifica su decisión. Por ello, queda fuera, extramuros del ámbito casacional verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que esta Sala pueda sustituir la valoración que hizo el Tribunal de instancia, ya que esa misión le corresponde a ese Tribunal en virtud del art. 741 LECriminal y de la inmediación de que dispuso, inmediación que no puede servir de coartada para eximirse de la obligación de motivar.

Para concluir, y en palabras del Tribunal Constitucional --últimamente en la STC 68/2010 --: "....no le corresponde revisar (al T.C.) la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Juzgados y Tribunal ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117-3.º de la C.E., sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta....".

Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que los Tribunales de apelación, esta Sala de Casación o incluso el Tribunal Constitucional en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verificar la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas -- SSTS de 10 de Junio de 2002, 3 de Julio de 2002, 1 de Diciembre de 2006, 685/2009 de 3 de Junio, entre otras--, y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria.

La argumentación del motivo acredita en realidad, más que vacío probatorio de cargo discrepancia con la valoración que de las pruebas efectuó el Tribunal y una serie de alegaciones tendentes a cuestionar el bien armado argumentario de la sentencia recurrida.

Se dice que los CDs tienen mal sonido, que no se grabó la pericial médico-forense y peritos de la defensa, que se está en presencia de una condena ya anticipada por los medios de comunicación, que existieron otras posibilidades que explicarían la muerte extramuros del ámbito del Cpenal, tales como el suicidio y la muerte accidental, que no comparecieron al Plenario los dos jóvenes del establecimiento de prostitución masculina, que no hay prueba de que los hechos ocurriesen después de cenar, que no se sabe como ocurrieron los hechos y que en definitiva, no está acreditado cuando se produjo el fallecimiento de María Rosario, ni puede tenerse por acreditado que fuese la noche del día 19 de Febrero. Que en definitiva cabe la posibilidad de que Aurelia diera muerte a María Rosario, pero cabe que hubieran sido otras personas, que amigas de la fallecida le habían comentado que esa noche --19 de Febrero-- había quedado a cenar con una compañera que estaba embarazada.

Frente a este repertorio de alegaciones, suposiciones e hipótesis se alza el extenso f.jdco. segundo de la sentencia que, en lo que aquí interesa, analiza y valora las pruebas relativas a:

1) La suscripción por parte de la recurrente del contrato de alquiler del apartamento de la c/ DIRECCION003 --folios 21 a 23--.

2) La contratación por la recurrente de dos hombres del establecimiento "American Gigolo" para que le facilitaran semen -- págs. 23 y 24--.

3) Sobre la muerte violenta de etiología homicida de María Rosario --folios 25 a 33--, y

4) Sobre la autoría de la recurrente en la muerte violenta de María Rosario --folios 34 a 37--.

En síntesis, la sentencia expresa las fuentes de prueba y los elementos incriminatorios que le permitieron arribar a la conclusión de que la muerte de María Rosario fue causada por la recurrente:

1- Los tres informes de grafística elaborados por la división de Policía Científica del Cuerpo de los Mossos acreditó que las firmas dubitadas estampadas bajo el nombre de María Rosario se correspondían con otros documentos indubitados de Aurelia.

2- Varios de los contratos de préstamo y pólizas de seguro fueron encontrados en el domicilio de la recurrente, escondidos tras la cisterna de un inodoro y fueron entregados por el compañero sentimental de Aurelia.

3- La recurrente fue reconocida por las personas indicadas en las págs. 15 y siguientes de la sentencia como la persona que a nombre de María Rosario suscribió los contratos concernidos.

4- Con ocasión del registro domiciliario se ocuparon los originales del pasaporte y DNI de María Rosario y DNI de Consuelo, y, asimismo la guía telefónica Movistar correspondiente al teléfono NUM036, teléfono utilizado por la recurrente al alquilar el apartamento.

5- También se ocupó en el registro la tarjeta Visa, a nombre de María Rosario con la que se pagó el alquiler del apartamento de la c/ DIRECCION003.

6- En relación al alquiler de dicho apartamento de la c/ DIRECCION003, el empleado de la propiedad reconoce que la identificación de la recurrente por aquél no fue total, pero está fuera de dudas que el pago del alquiler lo fue con la tarjeta de crédito a nombre de María Rosario y que dicha tarjeta apareció en el domicilio de Aurelia y asimismo en casa de ella se encontró la guía del teléfono que aparece en el contrato de arrendamiento, por otra parte el contrato fue firmado en presencia del encargado, siendo la firma dubitada " María Rosario ". reconocida en la pericial grafística como perteneciente a la recurrente.

7- En lo referente a la presencia de Aurelia en el establecimiento "American Gigolo", si bien es cierto que ninguno de los dos jóvenes compareció al Plenario por estar en paradero desconocido, no lo es menos que en fase de instrucción, uno de ellos -- Octavio -- declaró a presencia judicial y del letrado de la recurrente, por lo tanto fue una declaración sometida a contradicción y como tal, dada la imposibilidad de localización para el Plenario, se procedió a ingresar tal declaración en el Plenario mediante su lectura. Su declaración fue clara en el sentido de que una mujer le pidió que eyaculara en un bote que llevaba al efecto, lo que así hizo, y, unido a ello el que el encargado del establecimiento confirmara la petición que le hizo la señora, y que éste consultara con los interesados, que aceptaron por lo que se produjo el "servicio". El círculo se cierra con la identificación en el Plenario que hizo el encargado del establecimiento y con el hecho de que coincidían las huellas genéticas encontradas en el cadáver de María Rosario con las obtenidas voluntariamente por ambos jóvenes.

8- En relación a que la autora de la muerte de María Rosario fue la recurrente, resulta patente que se está ante una plural y perfectamente encadenada constelación de datos indiciarios incriminatorios, no desvirtuados que conducen con toda claridad a la conclusión de que Aurelia es la autora de la muerte de María Rosario.

Tal certeza, verificamos en este control casacional alcanza el canon de "certeza más allá de toda duda razonable", tanto desde el canon de la lógica como desde el canon de la suficiencia probatoria.

Desde el canon de la lógica o de la coherencia porque los indicios tenidos en cuenta excluyen toda ruptura en el curso de los hechos conduciendo naturalmente a la conclusión de la autoría.

Desde el canon de la suficiencia o de su carácter excluyente porque la inferencia no es débil o abierta, de suerte que quepan otras igualmente posibles, sino que nos encontramos en una conclusión cerrada y sólida.

En tal sentido, SSTS: --entre las más recientes-- 1373/2009; 104/2010; 395/2010; 679/2010; 806/2011; 1175/2011; 136/2012 ó 165/2013.

Del Tribunal Constitucional: SSTC 45/1997; 81/1998; 135/2003; 187/2003; 263/2005; 141/2006; 117/2007 ó 66/2009.

Del TEDH: 18 de Enero de 1978, 27 de Junio de 2000; 10 de Abril de 2001 -- Tamli vs. Turquía-- ó 8 de Abril de 2004 --Tahsim vs. Turquía--.

Hasta este punto, la coincidencia entre lo razonado y acordado en la sentencia recurrida con lo verificado en este control casacional es total y absoluta.

Existe un punto de discrepancia y es el relativo al modo de causación de la muerte. Que fue muerte dolosa es obvio, quedando descartada totalmente la tesis de la muerte accidental o el suicidio.

La sentencia se decanta por la calificación de la muerte violenta por hallarse privada de razón o sentido la víctima, y en consecuencia la sentencia se decanta por la tesis del asesinato.

Esta decisión no fue unánime, sino mayoritaria entre los miembros del Tribunal. Existió un voto particular, al que, obviamente, hace referencia la recurrente que postula la tesis del homicidio doloso con las consecuencia punitivas correspondientes.

La tesis mayoritaria es que la recurrente adormeció previamente a María Rosario privándole de sentido "usando al efecto alguna substancia o producto cuya naturaleza no ha logrado ser identificada", según el factum.

La analítica de los peritos del Instituto Nacional de Toxicología introducida en el Plenario por los propios doctores fue clara en el sentido de que no se había detectado en las muestras que se les remitieron ni cloroformo ni ninguna substancia volátil o fármacos al uso para dormir. Más aún teniendo en cuenta que las muestras se enviaron al descubrirse el cadáver en la mañana del día 21 de Febrero, sobre las 13'40 horas, se dice por los doctores que si la muerte fue causada en las 48 horas anteriores, podría considerarse como muerte reciente y lo normal es que en tales circunstancias se hubiesen detectado tales substancias en las muestras remitidas al Instituto Nacional de Toxicología.

A ello se une el dato, también recogido en el voto particular que de manera inexplicable a pesar de que se recogieron muestras de debajo de las uñas de la víctima que podrían haber acreditado alguna reacción defensiva por parte de la fallecida, tal prueba no se llevó a cabo.

En esta situación, la Sala comparte la duda expresada en el voto particular de que sin desconocer que los forenses afirmaron que no había signos de haberse defendido la víctima, tal conclusión lo es sin tener en cuenta la prueba del análisis del interior de las uñas, lo que refuerza, en opinión de la Sala la ausencia de vestigios de substancias volátiles en las muestras remitidas al Instituto Nacional de Toxicología.

La sentencia no obvia esta cuestión pero estima que el hecho de no haber efectuado tal analítica de las muestras de las uñas no impide la patente autoría de la condenada en la muerte de María Rosario --f.jdco. segundo, in fine--.

Estamos totalmente de acuerdo con ello, tal omisión de prueba nada obsta a la autoría de la recurrente, pero la cuestión es anterior a esta afirmación.

¿Hubo una muerte violenta de etiología homicida a calificar penalmente como homicidio o se está en presencia de una muerte violenta de etiología homicida pero por estar la víctima privada de sentido, debe calificarse como asesinato ?.

Consideramos que la afirmación tajante de la sentencia de que la víctima estaba privada de sentido por habérsele administrado algún fármaco o substancia carece de la necesaria probanza para afirmar más allá de toda duda, que los hechos ocurrieron así.

Ciertamente, cualquier afirmación que pueda efectuarse al respecto debe tener el necesario soporte probatorio. En el presente caso, de un lado, hay una prueba que excluye la presencia de substancias que puedan hacer perder el conocimiento en las muestras del cadáver que se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología, y por otra parte, se omitió una prueba que pudiera haber sido relevante en la existencia o inexistencia de alguna señal de defensa, por parte de la víctima.

En esta situación no procede decantarse por la tesis del asesinato y sí por la del homicidio como tesis más favorable a la recurrente.

Procede el rechazo del motivo en cuanto al vacío probatorio de cargo que se denuncia. La recurrente fue condenada en virtud de prueba válidamente practicada y correctamente introducida en el Plenario, prueba que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia, y, prueba que, en fin, fue razonada y razonablemente valorada por lo que la conclusión condenatoria no es arbitraria.

El único punto de discrepancia y en el que tiene razón --parcial-- el motivo es en la mecánica homicida --estando privada de sentido la víctima--, extremo que por lo razonado no se comparte la decisión del Tribunal, debiéndose calificar los hechos como homicidio doloso del art. 138 del Cpenal.

Procede con este exclusivo alcance la estimación parcial del motivo.

Tercero.- Abordamos, conjuntamente, los motivos segundo y tercero del recurso que por la vía del error iuris del art. 849-1.º LECriminal denuncian como indebidamente aplicados los artículos que tipifican los delitos de falsificación de documento oficial en concurso con un delito de estafa continuado, así como efectúan idéntica denuncia en relación al delito de asesinato.

Hay que recordar que el cauce casacional empleado parte como presupuesto del respeto a los hechos probados ya que el ámbito del debate se centra en la subsunción jurídica de unos hechos que se aceptan.

El recurrente incurre en causa de inadmisión que en este momento opera como causa de desestimación en relación al motivo segundo, pues el factum narra todos los elementos fácticos que integran los delitos de falsedad y estafa por los que ha sido condenada la recurrente.

En relación al motivo tercero, ya se ha razonado en el anterior motivo, que ante las carencias probatorias existentes que hubiera sido necesario que existieran para la tesis del asesinato, los hechos deben ser calificados como constitutivos de un delito de homicidio del art. 138 Cpenal, lo que deja sin sustento el motivo tercero.

Procede la desestimación de ambos motivos.

Cuarto.- El cuarto motivo, si bien, formalmente discurre por el cauce del error iuris del art. 849-1.º LECriminal, en realidad toda la argumentación se apoya en un pretendido error en la valoración de las pruebas en que incurrió el Tribunal. En definitiva, el cauce es el del error facti del art. 849-2.º LECriminal.

Cita como documentos que acreditarían tal error en relación a la muerte de María Rosario que, se dice, pudo ser accidental, y se refiere a lo dicho por los doctores D. Ovidio y D.ª Evangelina.

Hay que recordar que la invocación del motivo expresado, queda supeditado a la concurrencia de ciertos requisitos --entre las últimas STS 762/2004 de 14 de Junio, 67/2005 de 26 de Enero y 1491/2005 de 1 de Diciembre, 192/2006 de 1 de Febrero, 225/2006 de 2 de Marzo y 313/2006 de 17 de Marzo, 835/2006 de 17 de Julio, 530/2008 de 15 de Julio, 342/2009 de 2 de Abril, 914/2010 de 26 de Octubre y 691/2012 de 25 de Septiembre, entre otras--.

1.- Que se hayan incluido en el relato histórico hechos no acontecidos o inexactos.

2.- Que la acreditación de tal inexactitud tiene que estar evidenciada en documentos en el preciso sentido que tal término tiene en sede casacional. En tal sentido podemos recordar la STS de 10 de Noviembre de 1995 en la que se precisa por tal "....aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma....", quedan fuera de este concepto las pruebas de naturaleza personas aunque estén documentadas por escrito generalmente, tales como declaraciones de imputados o testigos, el atestado policial y acta del Plenario, entre otras STS 220/2000 de 17 de Febrero, 1553/2000 de 10 de Octubre, y las en ella citadas. De manera excepcional se ha admitido como tal el informe pericial según la doctrina de esta Sala --SSTS n.º 1643/98 de 23 de Diciembre, n.º 372/99 de 23 de Febrero, sentencia de 30 de Enero de 2004 y n.º 1046/2004 de 5 de Octubre --. La justificación de alterar el factum en virtud de prueba documental --y sólo esa-- estriba en que respecto de dicha prueba el Tribunal de Casación se encuentra en iguales posibilidades de valoración que el de instancia, en la medida que el documento o en su caso, la pericial permite un examen directo e inmediato como lo tuvo el Tribunal sentenciador, al margen de los principios de inmediación y contradicción.

3.- Que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia.

4.- Que el supuesto error patentizado por el documento, no esté a su vez, desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad. Al respecto debe recordarse que la Ley no concede ninguna preferencia a la prueba documental sobre cualquier otra, antes bien, todas ellas quedan sometidas al cedazo de la crítica y de la valoración --razonada-- en conciencia de conformidad con el art. 741 LECriminal. Tratándose de varios informes de la misma naturaleza, se exige que todos sean coincidentes o que siendo uno sólo el Tribunal sentenciador, de forma inmotivada o arbitraria se haya separado de las conclusiones de aquellos no estando fundada su decisión en otros medios de prueba o haya alterado de forma relevante su sentido originario o llegando a conclusiones divergentes con las de los citados informes sin explicación alguna. -- SSTS 158/2000 y 1860/2002 de 11 de Noviembre --.

5.- Que los documentos en cuestión han de obrar en la causa, ya en el Sumario o en el Rollo de la Audiencia, sin que puedan cumplir esa función impugnativa los incorporados con posterioridad a la sentencia.

6.- Finalmente, el error denunciado ha de ser trascendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del tema, por lo que no cabe la estimación del motivo si éste sólo tiene incidencia en aspectos accesorios o irrelevantes. Hay que recordar que el recurso se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o derecho no tengan capacidad de modificar el fallo, SSTS 496/99, 765/04 de 11 de Junio.

A los anteriores, debemos añadir desde una perspectiva estrictamente procesal la obligación, que le compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo -- art. 855 LECriminal -- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de formalización del recurso ( STS 3-4-02 ), pero en todo caso, y como ya recuerda, entre otras la reciente sentencia de esta Sala 332/04 de 11 de Marzo, es obligación del recurrente además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del documento que acrediten claramente el error en el que se dice cayó el Tribunal, no siendo competencia de esta Sala de Casación "adivinar" o buscar tales extremos, como un zahorí -- SSTS 465/2004 de 6 de Abril, 1345/2005 de 14 de Octubre, 733/2006 de 30 de Junio, 685/2009 de 3 de Junio, 1121/2009, 1236/2009 de 2 de Diciembre, 92/2010 de 11 de Febrero, 259/2010 de 18 de Marzo, 86/2011 de 8 de Febrero, 149/2011, 769/2011 de 24 de Junio, 1175/2011 de 10 de Noviembre, 325/2012 de 3 de Mayo, 364/2012 de 3 de Mayo ó 691/2012 de 25 de Septiembre --.

Se argumenta que según los doctores que alegaron que de habérsele suministrado cloroformo, habría rastro en la sangre e igualmente se insiste en la ausencia de análisis de contenido del interior de las uñas.

Tales alegaciones han quedado desactivadas al no haberse admitido en este control casacional la tesis del asesinato que recogió la sentencia.

Con la tesis del homicidio doloso, queda igualmente sin sustento las alegaciones del motivo, dejando en todo caso claro que de lo que no hay duda es de la naturaleza dolosa de la muerte de María Rosario y de la autoría de la recurrente.

Las alegaciones de la recurrente que también se efectúan en este motivo relativo a muerte accidental o a la intervención de otras personas no se derivan de los informes periciales indicados, que carecen de literosuficiencia al respecto, y además, están totalmente desvirtuados por la cumplida prueba de cargo a que nos hemos referido en el primero de los motivos.

Procede la desestimación del motivo.

Quinto.- De conformidad con el art. 901 LECriminal, procede declarar de oficio las costas del recurso.

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación formalizado por la representación de Aurelia, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección II, de fecha 19 de Marzo de 2012, la que casamos y anulamos siendo sustituida por la que seguida y separadamente se va a pronunciar, con declaración de oficio de las costas del recurso.

Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se va a dictar a las partes, y póngase en conocimiento de la Sección II de la Audiencia Provincial de Barcelona, con devolución de la causa a esta última e interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Joaquin Gimenez Garcia Julian Sanchez Melgar Jose Manuel Maza Martin Luciano Varela Castro Manuel Marchena Gomez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia 444/2013, de 16 de mayo de 2013

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 10697/2012

Ponente Excmo. Sr. JOAQUIN GIMENEZ GARCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de dos mil trece.

En la causa instruida por el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Barcelona, Sumario n.º 2/2009, seguida por delitos de asesinato, falsedad en documento mercantil y estafa, contra Aurelia, con DNI NUM042, nacida en Barcelona el NUM043 de 1967, hija de Vicente y de Piedad, vecina de Barcelona, c/ DIRECCION004 n.º NUM039, NUM040 - NUM026 de Barcelona, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta, privada de libertad por la presente causa desde el día 12 de Marzo de 2008; se ha dictado sentencia que HA SIDO CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquin Gimenez Garcia, se hace constar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Unico.- Se aceptan los de la sentencia recurrida y en relación a los hechos probados, pero eliminamos la referencia a que Felisa adormeció a María Rosario privándola de sentido, usando al efecto alguna substancia o producto cuya naturaleza no ha podido ser identificada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico.- Por los razonamientos contenidos en el f.jdco. segundo de la sentencia casacional, debemos calificar la muerte de María Rosario de homicidio doloso de conformidad con el art. 138 Cpenal del que resulta autora la recurrente Aurelia y le imponemos la pena de 14 años de prisión. Dicha pena estimamos proporcionada a la culpabilidad de la recurrente y a la gravedad de los hechos, siendo estos dos vectores los que deben de actuar como medida de la individualización judicial de la pena.

En el presente caso no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad y en tal situación el art. 66 del Cpenal permite al Tribunal recorrer la pena en toda su extensión cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes como es el caso. En el presente caso, el grado de culpabilidad de la recurrente es patente así como su crueldad y frialdad en la ejecución de los hechos y ello justifica que se imponga la pena en la extensión citada dentro de la mitad superior. En definitiva, mantiene la Sala el mismo criterio que la Sala de instancia que partiendo de la calificación de asesinato impuso la pena también en la mitad superior, concretamente 18 años de prisión, lo que justificó adecuadamente en el penúltimo párrafo del f.jdco. décimo de su sentencia.

El resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida quedan intactos.

III. FALLO

Que debemos condenar y condenamos a Aurelia como autora de un delito de homicidio doloso a la pena de 14 años de prisión con las accesorias correspondientes.

Se mantienen el resto de los pronunciamientos de la sentencia casacional no afectados por la presente resolución.