El Congreso retoma la ley que dará la sanidad a los abogados

Una de las reivindicaciones de la Abogacía, la cobertura universal sanitaria del sistema público, vuelve a encontrar eco en las Cortes. El Ministerio de Sanidad también estudia un anteproyecto de ley.

José Mª López Agúndez. Madrid.—Los últimos coletazos de esta legislatura pueden traer buenas noticias para una reivindicación histórica de la Abogacía: su inclusión en la cobertura sanitaria pública universal; se trata de una situación que afecta a varios colectivos, si bien ciertamente el más numeroso es el de los abogados.

Esta antigua limitación del acceso a la sanidad pública se explica porque en las diferentes evoluciones que ha ido experimentando la sanidad pública española, los abogados han quedado fuera porque se trataba un colectivo que no solía estar adscrito a un régimen de la Seguridad Social, sino que estaba cubierto por el mutualismo privado. Cuando la Sanidad dejó de financiarse con cotizaciones sociales y lo hizo con impuestos, se quedó descolgado y no entró en la cobertura. Igual ha sucedido con otros profesionales liberales, como los arquitectos.

Ahora es posible que, después de 25 años de promulgarse la Ley General de Sanidad, esta situación se arregle. Por varias vías. Por un lado, la del Congreso, ya que el Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 24 de mayo tramitar una proposición de ley impulsada por Gaspar Llamazares (Izquierda Unida) y que suscribió el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

La proposición de Ley sobre la universalización del derecho a la Asistencia Sanitaria Pública será tramitada por la Comisión de Sanidad, que tiene competencia legislativa plena, donde ya se encuentra abierto el trámite de enmiendas. Estudios Por otro lado, el Ministerio de Sanidad está trabajando en ello. Su idea es recabar toda la información necesaria con la idea de elaborar un anteproyecto que se envíe al Consejo de Ministros. De hecho, en la reunión del Consejo Interterritorial que reúne a la ministra con los consejeros de las CCAA del pasado 2 de junio. Según el informe, «existe todavía una minoría de españoles, residentes en España, que carecen de asistencia sanitaria pública y que se beneficiarían de la nueva norma: parados no perceptores de subsidios; personas que no han trabajado nunca pero disponen de recursos suficientes; personas con recursos superiores a los niveles medios de la población, no incluidos en algunos de los regímenes de la Seguridad Social y españoles retornados de países sin convenio internacional bilateral cuando se trasladan a España».